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A finales del pasado año, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 30 de diciembre de 2019 publicó el Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y diez días después la juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 48 de Barcelona ha ordenado la suspensión de desahucio prevista para ayer lunes invocando que la nueva norma obliga a la empresa a ofrecer un alquiler social.
La nueva ley hipotecaria aprobada por el congreso el pasado 21 de febrero de 2019, bajo la denominación de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que traspone parcialmente al Derecho español, con años de retraso, la Directiva 2014/17/Unión Europea, sobre los contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, entrará en vigor el próximo 16 de junio de 2019.
En nuestra anterior publicación se habló de la modificación en materia de arrendamientos de viviendas producida por la aprobación del Real decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler. Pues bien, en fecha 22 de enero de 2019 el Congreso de los Diputados no ha convalidado el referido Real Decreto Ley. Se ha derogado el Real Decreto Ley de Alquileres
A partir de 2019, en caso de aprobarse finalmente la reforma planteada por Hacienda sobre el cambio en el método de valoración de inmuebles, quien los compre de segunda mano o los reciba por donación o herencia tributará atendiendo al nuevo método de valoración, diferente a la establecida por el Catastro, tal y como se establece en el anteproyecto de la Ley de Medidas de Prevención de Lucha contra el Fraude Fiscal.
